La Junta Directiva Nacional de la Asociación de Jueces por la Democracia, a la opinión pública y a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos manifestamos:
Que a pesar de que en nuestro país comienza a vislumbrarse la posibilidad de iniciar un proceso de reconciliación nacional, que haga posible que retornemos a un clima de armonía y tranquilidad, las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, sin dar respuesta a nuestras solicitudes de diálogo y entendimiento, continúan con sus acciones arbitrarias de persecución política contra los jueces y juezas que hemos cumplido fielmente nuestra promesa de “Cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes” y que, en consecuencia, nos hemos manifestado de una u otra forma en contra del rompimiento del orden constitucional y por el restablecimiento del Estado de Derecho.
Estas acciones de persecución política se evidencian actualmente con mayor claridad por las siguientes represalias:
1. La remoción del cargo administrativo de Coordinador del Juzgado Penal de San Pedro Sula y su traslado forzado a otro cargo jurisdiccional del Abogado Mauricio Mateo García, Vocal I de la Junta Directiva de la AJD.
2. La citación a audiencia de descargos al Abogado Guillermo López, Juez de Sentencia y Presidente de la Junta Directiva de la AJD, por haber participado en una manifestación pacífica, el pasado 5 de julio en las inmediaciones del aeropuerto Toncontín.
3. La citación a audiencia de descargos al Abogado Luis Chévez, Juez de Violencia Doméstica por haber sido detenido ilegalmente por la Policía el pasado 14 de agosto y por manifestar su opinión en relación a las actuaciones del Poder Judicial en esta crisis política.
4. La citación a audiencia de descargos al Abogado Ramón Barrios, Juez de Sentencia de San Pedro Sula, por haber manifestado su opinión jurídica en relación al rompimiento del orden constitucional.
5. Investigaciones disciplinarias contra el Juez de Letras de Comayagua, Juan Carlos Zelaya, actual Vice-Presidente de la Junta Directiva de la AJD.
Todas estas actuaciones están siendo perpetradas por las autoridades de la Corte Suprema de Justicia violentando el debido proceso legal pues no se nos proporciona el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa, se irrespeta la presunción de inocencia y no existe la posibilidad de impugnar las decisiones ante un tribunal independiente e imparcial, entre otras violaciones.
Asimismo, denunciamos que las autoridades de la Corte Suprema de Justicia han realizado múltiples nombramientos y otras acciones de personal en contravención de lo establecido en la Ley de la Carrera Judicial e irrespetando la convocatoria a concurso realizado en meses pasados, como ser: el nombramiento de los(as) magistrados(as) de la nueva Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula y el traslado forzado del Abogado Armando Lozano Martínez, Magistrado Propietario de la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula.
Nuevamente solicitamos al Presidente de la Corte Suprema de Justicia y a los Magistrados y Magistradas que conforman el Pleno que hagan cesar las acciones arbitrarias de persecución política ejercidas contra jueces y juezas, por la única razón de hacer uso de nuestros derechos ciudadanos de libertad de conciencia, de expresión, asociación, reunión y manifestación.
San Pedro Sula, Cortes, 3 de noviembre del 2009.
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
ASOCIACIÓN DE JUECES POR LA DEMOCRACIA
