Banco Mundial debe suspender financiación al sector público como al privado en Honduras.
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa. 25 Noviembre 2010. Derechos en Acción, organización internacional, reconocida por su nombre en inglés, Rjgcht Action (RA), acusa responsabilidad del Grupo Banco Mundial (GBM) por el asesinato de los campesinos en El Aguán, Honduras, en una carta al presidente de ese organismo, Robert Zoellick.
Rjgcht Action denuncia que la Corporación Dinant, propiedad del terrateniente palmero, Miguel Facussé, recibió de la Corporación Financiera Internacional (IFC), que se ocupa del sector privado, en el GBM, el préstamo número 27.250 por 30 millones de dólares, el 5 de noviembre de 2009.
“Liberar fondos para la Dinant, es una negligencia grave de las obligaciones en tema de derechos humanos de parte del BM y su responsabilidad de diligencia debida”, señala la RA.
Sostiene que, con la decisión de liberar fondos para Dinant, el BM “envió un mensaje muy claro, a la compañía y a sus dueños, de que pueden gozar de impunidad absoluta por sus actos”. Y que el Banco “tolera la violencia, la apropiación ilegal de tierras; e incluso, la participación en los golpes militares de parte de las corporaciones y sus propietarios”.
La RA, aduce que fuerzas de seguridad de la Dinant masacraron, el 15 de noviembre de 2010, a seis labradores integrantes del Movimiento Campesino de El Aguán (MCA), en un intento de “desalojo ilegal” de tierras tituladas de forma provisional a los campesinos.
De otra parte, la Dinant está involucrada en conflictos por la tierra con denuncias creíbles de actos de violencia, asesinatos, de adquisiciones fraudulentas de tierras. Asimismo, su propietario, Facussé, ha sido denunciado ampliamente como un “partidario clave del golpe militar”.
Los informes del Grupo de Trabajo ONU sobre mercenarios y fuerzas de seguridad privadas sugieren que los productores hondureños de biocombustibles habrían contratado como fuerzas de seguridad a ex agentes colombianos del grupo Auto Defensa (AUC), enlistado como organización terrorista por los Estados Unidos.
A esos hechos, se une la falta absoluta de un marco jurídico de protección que pueda tratar, de forma adecuada esos conflictos en Honduras, por lo que liberar fondos para la Dinant es una “negligencia grave” de las obligaciones, en tema de derechos humanos, de parte del BM y su responsabilidad de “diligencia debida”.
La inversión de fondos del BM, de esta forma, arrastra a éste en la violación de los derechos humanos y actos de corrupción que podría envolver a los proyectos que apoya el Banco, analiza el RA.
No hay una autoridad legítima en Honduras que pueda firmar acuerdos internacionales vinculantes, hasta restablecerse el orden constitucional, lo que vuelve ilegítima la deuda contraída por el régimen en nombre del pueblo, y hace al BM responsable de la deuda "odiosa”, que no el pueblo, sostiene la RA.
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