Nuevamente el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, se dirige a la comunidad nacional e internacional, de manera URGENTE, pero específicamente a los tomadores de decisión.
Para que se inicie un proceso de investigación, análisis y tomen postura oficial respecto a las graves violaciones a los derechos humanos que está cometiendo el régimen de Lobo Sosa en contra del pueblo hondureño que decide manifestarse para obtener respuesta a sus derechos violados.
Sin embargo el ejercicio de la reclamación pública o mejor dicho la protesta social en Honduras es criminalizada.
El Magisterio bajo represión
Es nuestra obligación informar la situación de emergencia que vive Honduras en materia de derechos humanos. Desde el inicio del golpe militar de Estado que se dio el 28 de junio, vimos con preocupación que hay sectores objeto de persecución y los colocamos como los más vulnerables, entre ellos, el gremio magisterial.
Hoy reafirmamos esa preocupación, el magisterio ha sido sometido a una embestida represiva como nunca antes le había tocado vivir, el 25 por ciento de los asesinados políticos, los ha puesto el magisterio sin que para ello se hayan iniciado investigaciones serias y objetivas por parte del Ministerio Público.
Al contrario desde este ente, cada vez que hay una detención ilegal de maestros, lo primero que hace es blanquear y justificar las torturas e inicia con agilidad causas judiciales contra ellos.
El caso más reciente es el ocurrido el 20 de agosto en Tegucigalpa, en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, cuando los uniformados desalojaron salvaje y violentamente a maestros y maestras, usando nuevamente las mortales bombas lacrimógenas que han dejado ya varias víctimas producto del uso y abuso de estos gases tóxicos.
La manifestación de los mentores ya había concluido, se aprestaban unos a tomar sus alimentos para pronto ir a hacer un análisis de las actividades diarias cuando un sin número de pelotones de uniformados lanzaron disparos de bala viva y bombas lacrimógenas muy diferentes a las que habían utilizado anteriormente.
Esto indica que el objetivo era capturar selectivamente a dirigentes para tenerlos en condición de canje en la mesa de negociaciones las que fueron suspendidas por parte de los representantes oficiales y que sin duda se tendrán que abrir nuevamente.
Los detenidos desaparecidos por más de dos horas son el profesor Andrés Martínez; Carlos Anariva; Edgard Soriano y Luís Sosa, todos reconocidos dirigentes del magisterio. Ellos fueron llevados a un centro no legal de detención, la Estación de Tránsito, en la colonia Kennedy de Tegucigalpa.
Para detenerlos les sometieron a tal brutalidad que aún se mantienen en un hospital capitalino. El Ministerio Público en completo acuerdo con la Secretaría de Seguridad abrieron procesos contra los cuatro mentores, en ningún momento se les permitió que tuvieran acceso a médicos para constatar su estado de salud, al contrario los mantuvieron allí desde el mediodía del 20 de agosto hasta las tres de la madrugada del 21 de agosto y después fueron conducidos bajo un fuerte operativo policial hacia un hospital privado, ordenando que se mantuviera custodia policial en el centro asistencial.
Los golpeados, torturados y heridos, según la justificación de los fiscales, eran los que habían atentado contra la seguridad de los uniformados y hasta la fecha desconocemos que hayan iniciado causa judicial contra los policías que cometieron esta violación grave a los derechos humanos.
A pesar que se tienen nombre de los oficiales, números de los chalecos 0385; 0237; 0974 que pertenecen a la policía de Tránsito y números de cascos 0236; 0255; 26, 22,18, pero eso no es prueba suficiente para el Ministerio Público para iniciar causas urgentes para parar la barbarie con que los uniformados trataron a los maestros.
En esta brutalidad usaron más de 200 bombas lacrimógenas valoradas en 100 dólares cada una, sobrevolaron helicópteros, desplazaron tanquetas, utilizando vehículos claramente identificados de la Policía Nacional y carros sin placas donde se mueven sicarios armados y sin uniforme, mejor dicho paramilitares.
Si este dinero se utilizara para cancelar la deuda que tiene el Estado de Honduras producto de la corrupción y saqueo del INPREMA, fondos que le pertenecen al magisterio, ya estaría saldada esta deuda y no se estuviera sometiendo a la represión salvaje que solo exhibe al régimen tal como es.
Es necesario llamar la atención a la comunidad internacional, a la solidaridad internacional porque la situación que está enfrentando el magisterio y el pueblo hondureño en general es grave y una lucha desigual, mentores con pluma y pensamiento libre ante armados, uniformados, con toda una logística y equipamiento que son un instrumentos de guerra utilizado contra el pueblo hondureño que ha decidido luchar pacíficamente.
Alertamos de manera urgente que estamos en momentos difíciles, tememos por una más sangrienta represión contra el magisterio en las próximas horas.
Denunciamos que se les ha suspendido el servicio de luz en las instalaciones del INPREMA donde está el magisterio y que están haciendo uso de toda penetración e infiltración de hombres de civil al interior del conglomerado magisterial, igual la circulación de vehículos sin placas con hombres armados vestidos de civil.
Hostilidad continúa en Zacate Grande y Bajo Aguán
El día de hoy 22 de agosto desde tempranas horas de la mañana hemos sido alertadas desde la comunidad de Zacate Grande, ubicada en el Sur del país, que la patrulla 1715 de la policía, fue la primera que circuló en la zona, con más de 10 hombres de la Dirección Nación de Investigación Criminal, DNIC y policías preventivos, con rumbo a las tierras del grupo campesino de Puerto Grande, ubicado en Zacate Grande.
En la comunidad de Puerto Grande se encuentran unas 80 familias dispuestas a morir por el derecho a tener un pedazo de tierra que les pertenece a ellos y que ha sido arrebatada por el terrateniente Miguel Facussé Barjum, quien ha estado usando la estrategia de repartir tierras a personas que le son fiel a sus propósitos para que entren en conflicto con los dueños de la tierra y los miembros de la comunidad antes mencionada.
El objetivo es generar la confrontación, la que en efecto se logró este día dejando como resultado cuatro personas heridas: Ethel Verónica Posadas (28), quien está hospitalizada en San Lorenzo, así como Rosa Merari y Gustavo Eduardo Sánchez (20) que fueron golpeados salvajemente, todo esto se realizó en presencia de las fuerzas policiales que acompañaban a los civiles.
Además hay personas amenazadas a muerte entre ellas, Miguel Ángel Vásquez; Edwin Aguilar y Verónica Torres, que fueron sentenciadas en presencia de los uniformados, quienes dijeron que lo único que iban a hacer al lugar era a recoger los muertos. Cabe señalar que uno de los policías salió golpeado por parte de los hostigadores de Facussé.
Los moradores de la comunidad tienen más de 10 años de posesión en la tierra, en el expediente del Instituto Nacional Agrario, INA, amparado en el Decreto 18-2008, les garantiza su legitimidad aunque todavía no tienen oficialmente la posesión de la tierra, esta es una acción que deben tomar de inmediato las autoridades del INA para evitar más derramamientos de sangre en la zona.
Por otro lado, el régimen de “unidad y reconciliación” que preside Lobo Sosa, ha firmado un compromiso de respetar los derechos humanos y facilitar un proceso de entrega de tierras a los campesinos del MUCA, movimiento que en los últimos meses ha sido víctima de serios y violentos ataques por parte de terratenientes de la zona, entre ellos Miguel Facussé Barjum.
El 17 de agosto, fueron asesinados los campesinos Victor Manuel Mata (40) y los menores de edad Sergio Magdiel Amaya (18) y Rulbin Marel Villeda (14), de la Cooperativa San Esteban, según testigos, por agentes que pertenecen a la policía nacional.
De qué reconciliación y respeto a los derechos humanos se habla, cuáles son los avances de pacificación que se tiene en la zona, a quién beneficia este acuerdo, exhortamos que se hable menos y que se ponga en práctica el respeto integral de los derechos humanos, sobre todo el respeto a la vida. Mientras se continúen las amenazas, la militarización y el terror en la zona, los avances nos se podrán medir, menos cumplir.
Libertad de Expresión
En la actualidad en Honduras se continúa coartando la Libertad de Expresión y se ataca deliberadamente a comunicadores y periodistas que ejercen su trabajo independiente.
Es motivo de preocupación para este Comité que en los últimos 15 días del presente mes de agosto se ha puesto en práctica diferentes tipos de ataques a los periodistas:
Dick Emanuelsson, de nacionalidad Sueca, quien ejerce con profesionalismo, ética, independencia y responsabilidad su labor, ha venido siendo víctima de diferentes ataques y hoy se suma a la hostilidad el furibundo Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, que de manera pública ha expresado que inició una investigación sobre el estatus que tiene el periodista en el país.
Todo indica que se abrirá un proceso legal y conociendo cómo funciona el Sistema de Justicia, se concluirá con su salida del país, las pretensiones es expulsarlo de Honduras, lo cual será ilegal puesto que el periodista Dick no necesita permiso, su patrono no es ningún hondureño, además él reside legalmente Honduras.
De lo que le pasa al periodista Dick hemos puesto en autos al Relator Especial para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, al Relator Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH y está en curso una comunicación al Relator Especial de la Libertad de Expresión en Europa.
Igual preocupación tenemos por la situación que enfrenta el periodista René Rojas, en Santa Rosa de Copán, en el Occidente del país, que ha sido víctima de reiterados ataques por miembros de la Policías Nacional Preventiva, asignados en la zona.
El día 05 de agosto fue detenido ilegalmente por el policía de Tránsito de nombre Ricardo Espinoza quien argumentó que estaba mal estacionado su vehículo, lo esposó, lo exhibió en el parque central de Santa Rosa de Copán y lo despojó de su grabadora la cual es su herramienta trabajo, sin haber cometido la falta de tránsito y aún si lo hubiese hecho lo que procedía era una sanción administrativa, pero lo mantuvo detenido por más de tres horas.
El día 14 de agosto Rojas se apersonó a las oficinas de la policía a reclamar su grabadora, en el momento que se le entregó fue amenazado de muerte por el delegado regional de la policía el Comisionado Juan Carlos Bonilla y el jefe regional de Tránsito, Wilmer Torres, quienes le dijeron : “ si seguís hablando m… te vamos a matar”.
Ese mismo día en horas de la noche cuando se trasladaba con una de sus hijas menores, fue interceptado por la policía de Tránsito bajo la justificación que andaba en estado de ebriedad y continúa la persecución y el chequeo contra este comunicador social en el Occidente del país.
El 14 de agosto, Brayan Flores, periodista del Diario El Libertador fue detenido por policías COBRAS, en el instante que realizaba su labor periodística en las inmediaciones del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), donde permanecen los maestros reclamando la devolución de más de tres mil millones de lempiras que han sido sustraídos del patrimonio magisterial, por parte de las autoridades.
En el momento de su detención tomaba fotografías sobre la vigilancia que los policías estaban realizando a los docentes. Le dijeron “Ah, vos sos de los que andás defendiendo a los comunistas revoltosos”, “este pendejo es venezolano”, “verdad que vos sos chavista perro”, a lo que el reportero se limitó a decir que “era hondureño por nacimiento y que solamente andaba haciendo su trabajo como reportero”.
No es la primera vez que Flores es objeto de persecución y amenazas, por eso en el mes de agosto de 2009, que la CIDH hizo presencia en Honduras, él presentó su denuncia formal.
El 18 de agosto el periodista Eduardo Coto Barnica, del Colectivo de Radio Uno, de San Pedro Sula, fue detenido arbitraria e ilegalmente por parte de la policía, en el momento que ejercía su trabajo de comunicador social, en el desalojo violento que es práctica del ejército y de la policía de Honduras, para desarticular y torturar a los ciudadanos y ciudadanas que reclaman derechos violados y que son miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular.
Al periodista se le declaró auto de libertad después de permanecer varias horas detenido, mientras a dos de sus compañeros se les sigue proceso penal por delitos políticos y otro guarda prisión por sedición, en la cárcel de San Pedro Sula.
El 20 de agosto el periodista Richard Casulá de Canal 36 fue nuevamente objeto de hostilidad y ataques contra su integridad física por parte de los uniformados en el momento en que él se encontraba ejerciendo su labor periodística, registrando la brutalidad policial contra el magisterio, en las inmediaciones de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, en Tegucigalpa.
José Alemán, otro comunicador social que reside en Ocotepeque, está siendo objeto de hostigamiento, según lo ha denunciado en nuestras oficinas y en comunicación a través del programa radial del COFADEH “Voces contra el Olvido”.
Por todos estos hechos demandamos de manera urgente que la comunidad internacional exija respeto a los derechos humanos y el cese de la persecución política.
DE LOS HECHOS Y LOS HECHORES
NI OLVIDO NI PERDON
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH
Tegucigalpa M.D.C. 22 de agosto de 2010
