La actual coyuntura política nos obliga a examinar el papel que ha jugado la clase política y la institucionalidad del Estado de Honduras en los hechos políticos y sociales que provocaron el Golpe de Estado del 28 de junio pasado y resulta imposible querer desconocer el papel protagónico de las Fuerzas Armadas y las amenazas resultantes a la democracia.
Por eso es importante ver la agenda y la misión de la estructura militar en relación a la agenda e institucionalidad que el Estado ha creado desde inicios de la década de los ochentas para concebir y fortalecer una democracia que resultó ser débil y escasa para evitar un nuevo Golpe de Estado.
Un tema cuestionable es el beneficio social que tiene para los hondureños más pobres enlistarse en el ejército, basados en el actual comportamiento militar caracterizado por el uso de la fuerza, la represión y la intimidación, se puede afirmar que no existe ningún beneficio social y por eso resurge la necesidad de repensar la misión y objetivos de las FF.AA.
Un concepto clave que debe ser reconstruido nuevamente entre todos y todas es el de defensa nacional, desde el enfoque militar este concepto alimenta un alto sentido de la fuerza y las armas en donde el punto a privilegiar es el mantenimiento de un aparato armado, esto hace necesario que se empiece a estructurar un concepto de defensa nacional con un fuerte enfoque ciudadano que privilegie la participación de las personas y que debilite la participación de las armas, pues, ¿que tan útil es un tanque para proteger el bosque?, o ¿que tan útil es un fusil para evitar una inundación o un terremoto?.
¿Cuál es el costo de la exclusividad militar en la defensa nacional?, si vemos los números podemos evidenciar que la gestión pública de un militar es financieramente más costosa que la gestión pública de un ciudadano no armado que hace las mismas tareas.
Del presupuesto que utilizan las Fuerzas Armadas para cumplir su gestión militar encontramos que el 34.5%[1] puede ser ejecutado por otras instituciones públicas cuya misión es proteger el bosque, prevenir y atender los desastres naturales y controlar los incendios, todas estas tareas pueden ser realizadas sin necesidad de gastar en fusiles o balas.
Si el país hace una apuesta por fortalecer su institucionalidad civil y fortalecer la participación de los ciudadanos y ciudadanas, se puede pensar en mejorar las instituciones creadas para realizar las tareas que los militares de manera paralela están realizando. El presupuesto de las F.F.A.A. para el 2009 es de Lps. 2,101.3 millones, de los cuales Lps.130 millones son para emergencias en situación de desastres naturales e infraestructura física mientras tanto COPECO apenas tiene un presupuesto total de Lps. 100.8 millones para este año y en el 2008 su presupuesto apenas era de Lps. 26.5 millones. En el caso de la protección del bosque el presupuesto de las F.F.A.A. es de Lps 40 millones los cuales se podrían trasladar al Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal que tiene un presupuesto total de Lps. 190.7 millones y que goza de mayores capacidades y destrezas para hacer tareas forestales.
Actualmente el país gasta Lps. 539.5 millones para financiar el servicio militar caracterizado por formar hondureños adiestrados en el uso de las armas para reprimir a otros hondureños no armados que piensan distinto a ellos. Con estos recursos se podrían crear programas para fortalecer la construcción de ciudadanía y promover la participación juvenil desde un enfoque de derechos, podríamos, en todo caso, sustituir las armas por las ideas y las propuestas, podríamos hacer de las elecciones una fiesta cívica y no un despliegue de fusiles para custodiar los votos.
Con los recursos del servicio militar se pueden fortalecer financieramente a las instituciones creadas para garantizar una democracia, tal es el caso del Tribunal Supremo Electoral y el Registro Nacional de las Personas, y un Instituto Nacional de la Juventud que pueda fortalecer un liderazgo juvenil que construya democracia. Para lograrlo es necesario repensar el gasto militar y reorientar el excedente de este presupuesto para invertirlos en construcción de ciudadanía.
Podemos pensar en la necesidad existente por reconstruir el papel de las Fuerzas Armadas y la inconveniencia de militarizar las mentes juveniles cuando hay espacios y formas de defender dignamente un país sin recurrir a las armas y la violencia.
Después del Golpe de Estado no podemos ver a las FF.AA. de la misma manera, y es importante que reflexionemos si vale la pena fortalecer una agenda militar que incluye de manera complementaria temas como la defensa del bosque, la mitigación de desastres y el control de incendios a pesar de que su verdadera agenda es ser un cuerpo armado para seguir cumpliendo su rol histórico de servir intereses que no son coincidentes con los intereses de la mayoría de los hondureños y hondureñas, mientras tenemos instituciones civiles que se pueden hacer cargo de los bosques y la prevención de desastres sin obligarnos a seguir fortaleciendo el sector armado en el país.
Las actividades de la agenda militar ajenas a la defensa consumen una fuerte porción del presupuesto nacional en emergencias que no se dan a diario pero que provocan que el mantenimiento de este órgano armado se vuelva permanente. Estas actividades pueden ser desarrolladas por instituciones civiles, en tanto el peso de los militares en la vida pública crece en costos financieros y recursos humanos a costas del fortalecimiento del Estado de Derecho y la institucionalidad democrática, es por ello que nos preguntamos ¿Cuántos militares necesita Honduras?
[1] Cálculos propios según datos de SEFIN
