de: Revistazo.com
Por: Dina Meza
Este viernes tuvo lugar una audiencia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos,CIDH, donde el Estado de Honduras debiò responder el por qué no ha implementado medidas cautelares emitidas por ese organismo a favor de varias personas de organizaciones hondureñas.
Tegucigalpa.-La audiencia se llevò a cabo en Washignton y una nutrida delegacion de 12 representes del Estado estuvo en la misma, lo que representò una erogación superior a los 100 mil lempiras para el país.
La CIDH emitió medidas cautelares entre 2004 a 2006 a favor de los pobaldores de Cerrito Lindo, en le Norte de Honduras, la comunidad garífuna de San Juan de Tela,el Movimiento Ambientalista de Olancho,MAO y la Asociación para una Sociedad Más Justa,ASJ.
Para representar a estas organizaciones se trasladaron a la CIDH, representantes del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos n Honduras,COFADEH y el Centro Internacional de Justicia,CEJIL como instituciones peticionarias de las medidas y por los afectados, miembros de MAO y el abogado Mauricio Aguilar por la ASJ.
Diferentes luchas tienen en común la represión
Las cuatro organizaciones afectadas tienen en común que sus miembros están sufriendo inseguridad para sus vidas por trabajar en la defensa de la tierra, el medio ambiente,derechos ancestrales y derechos laborales de grupos vulnerables en Honduras.
El 20 de diciembre de 2006 la CIDH emitió medidas cautelares para varios miembros de la Asociación para una Sociedad Más Justa,ASJ, después de que el 04 de ese mismo mes fuera asesinado por sicarios el abogado Dionisio Díaz García, quien laboraba para esta organización representando legalmente a guardias de seguridad y de comidas rápidas que clamaban respeto a sus derechos laborales.
El 22 de diciembre de 2006 también la CIDH consideró necesaria la adopción de las mismas medidas para unos siete miembros del MAO, después de que según esta organización fueran ejecutados públicamente por policías dos de sus compañeros por la defensa del medio ambiente en el departamento de Olancho.
La CIDH solicitó al Estado de Honduras que adoptara medidas cautelares a favor de la comunidad garífuna de San Juan Tela, ante el cúmulo de violaciones a los derechos humanos de los miembros de la comunidad, además de la enorme presión existente sobre las tierras ancestrales de San Juan Tela, por parte de empresarios y políticos ligados a la actual administración gubernamental, los que vienen presionando a miembros de la comunidad para que desalojen sus casas de habitación - sin contar con una resolución judicial al respecto - amparándose en la ley del más fuerte.
Para que la CIDH emitiera las medidas cautelares para la comunidad de Cerrito Lindo,el ERIC documentó que varios hechos violentos contra estos pobladores entre ellos que eI 17 de marzo del 2004 en horas de la noche.
En ese momento 300 personas se encontraban reunidas bajo un árbol de Ceiba, para tratar asuntos relacionados con la comunidad, la reunión fue irrumpida por personas fuertemente armadas y encabezarías por Miguel Rodríguez Carrión, quienes comenzaron a disparar al aire y al suelo y luego en contra la multitud. siendo asesinado Paulino Henríquez y en el mismo año fueron acribillados Héctor José Ulloa y Jonni Orlando Aceituno Varela, según los pobladores.
Aunque el 09 de mayo de este año en conferencia de prensa , la ASJ, MAO y lìderes de San Juan de Tela denunciaron falta de incumplimiento de las medidas cuatelares y a pesar que se difundiò en diversos medios de comunicaciòn, el Estado no hizo nada por corregir el entuerto.
En esa oportunidad Mauricio Aguilar, coordinador de proyectos de la ASJ dijo que "la tolerancia y el servilismo que instituciones del Estado, entre las que está el Poder Judicial, muestran al momento que los grupos de poder que adversan a organizaciones como las nuestras acuden a través de sus estructuras a interponer denuncias ,acusaciones y demandas; y los operadores de justicia, llámense jueces o de otra manera, prontamente resuelven éstas solicitudes que ellos saben que van en detrimento de nuestras organizaciones, compañeros y representantes". Para la audiencia que se realizò este viernes, 20 de julio el Estado erogò mínimamente por cada miembro de la delegación que asiste a la audiencia de la CIDH este 20 de julio, unos 450 dólares diarios.Paradójicamente si el Estado hubiera implementado las medidas cautelares tal como se establece, no tendría la necesidad de ser llamado ante la CIDH para que dé cuentas.Pero lo más contradictorio es que con el dinero que gastará la delegación se hubiera protegido la seguridad de los beneficiarios de las medidas, ya que el Estado se ha excusado en la falta de presupuesto para llevar a cabo esa tarea tan primordial que conlleva la protección de las personas defensoras de derechos, según ya lo señala la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos.
Por: Dina Meza
Este viernes tuvo lugar una audiencia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos,CIDH, donde el Estado de Honduras debiò responder el por qué no ha implementado medidas cautelares emitidas por ese organismo a favor de varias personas de organizaciones hondureñas.
Tegucigalpa.-La audiencia se llevò a cabo en Washignton y una nutrida delegacion de 12 representes del Estado estuvo en la misma, lo que representò una erogación superior a los 100 mil lempiras para el país.
La CIDH emitió medidas cautelares entre 2004 a 2006 a favor de los pobaldores de Cerrito Lindo, en le Norte de Honduras, la comunidad garífuna de San Juan de Tela,el Movimiento Ambientalista de Olancho,MAO y la Asociación para una Sociedad Más Justa,ASJ.
Para representar a estas organizaciones se trasladaron a la CIDH, representantes del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos n Honduras,COFADEH y el Centro Internacional de Justicia,CEJIL como instituciones peticionarias de las medidas y por los afectados, miembros de MAO y el abogado Mauricio Aguilar por la ASJ.
Diferentes luchas tienen en común la represión
Las cuatro organizaciones afectadas tienen en común que sus miembros están sufriendo inseguridad para sus vidas por trabajar en la defensa de la tierra, el medio ambiente,derechos ancestrales y derechos laborales de grupos vulnerables en Honduras.
El 20 de diciembre de 2006 la CIDH emitió medidas cautelares para varios miembros de la Asociación para una Sociedad Más Justa,ASJ, después de que el 04 de ese mismo mes fuera asesinado por sicarios el abogado Dionisio Díaz García, quien laboraba para esta organización representando legalmente a guardias de seguridad y de comidas rápidas que clamaban respeto a sus derechos laborales.
El 22 de diciembre de 2006 también la CIDH consideró necesaria la adopción de las mismas medidas para unos siete miembros del MAO, después de que según esta organización fueran ejecutados públicamente por policías dos de sus compañeros por la defensa del medio ambiente en el departamento de Olancho.
La CIDH solicitó al Estado de Honduras que adoptara medidas cautelares a favor de la comunidad garífuna de San Juan Tela, ante el cúmulo de violaciones a los derechos humanos de los miembros de la comunidad, además de la enorme presión existente sobre las tierras ancestrales de San Juan Tela, por parte de empresarios y políticos ligados a la actual administración gubernamental, los que vienen presionando a miembros de la comunidad para que desalojen sus casas de habitación - sin contar con una resolución judicial al respecto - amparándose en la ley del más fuerte.
Para que la CIDH emitiera las medidas cautelares para la comunidad de Cerrito Lindo,el ERIC documentó que varios hechos violentos contra estos pobladores entre ellos que eI 17 de marzo del 2004 en horas de la noche.
En ese momento 300 personas se encontraban reunidas bajo un árbol de Ceiba, para tratar asuntos relacionados con la comunidad, la reunión fue irrumpida por personas fuertemente armadas y encabezarías por Miguel Rodríguez Carrión, quienes comenzaron a disparar al aire y al suelo y luego en contra la multitud. siendo asesinado Paulino Henríquez y en el mismo año fueron acribillados Héctor José Ulloa y Jonni Orlando Aceituno Varela, según los pobladores.
Aunque el 09 de mayo de este año en conferencia de prensa , la ASJ, MAO y lìderes de San Juan de Tela denunciaron falta de incumplimiento de las medidas cuatelares y a pesar que se difundiò en diversos medios de comunicaciòn, el Estado no hizo nada por corregir el entuerto.
En esa oportunidad Mauricio Aguilar, coordinador de proyectos de la ASJ dijo que "la tolerancia y el servilismo que instituciones del Estado, entre las que está el Poder Judicial, muestran al momento que los grupos de poder que adversan a organizaciones como las nuestras acuden a través de sus estructuras a interponer denuncias ,acusaciones y demandas; y los operadores de justicia, llámense jueces o de otra manera, prontamente resuelven éstas solicitudes que ellos saben que van en detrimento de nuestras organizaciones, compañeros y representantes". Para la audiencia que se realizò este viernes, 20 de julio el Estado erogò mínimamente por cada miembro de la delegación que asiste a la audiencia de la CIDH este 20 de julio, unos 450 dólares diarios.Paradójicamente si el Estado hubiera implementado las medidas cautelares tal como se establece, no tendría la necesidad de ser llamado ante la CIDH para que dé cuentas.Pero lo más contradictorio es que con el dinero que gastará la delegación se hubiera protegido la seguridad de los beneficiarios de las medidas, ya que el Estado se ha excusado en la falta de presupuesto para llevar a cabo esa tarea tan primordial que conlleva la protección de las personas defensoras de derechos, según ya lo señala la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos.
