SE SOLICITA LA INMEDIATA SUSPENSIÓN DE LOS COMICIOS ELECTORALES CONVOCADOS PARA EL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DEBIDO A LA SISTEMATICA Y GRAVE VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS Y LA VIGENCIA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE FACTO QUE RESTRINGEN DERECHOS Y LIBERTADES DE LA POBLACION HONDUREÑA POR MOTIVOS NOTABLEMENTE POLITICOS, DENTRO DEL CONTEXTO DEL GOLPE DE ESTADO PERPETRADO EL VEINTIOCHO DE JUNIO DE ESTE AÑO.
Tribunal Supremo Electoral
Nosotros ANDRÉS PAVÓN, Presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH); BERTHA OLIVA GUIFARRO, Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH); GILBERTO RÍOS, Secretario Ejecutivo de FIAN Honduras; GILDA RIVERA SIERRA, Directora Ejecutiva del Centro de Derechos de la Mujer (CDM); JUAN ALMENDARES BONILLA, Director Ejecutivo del Centro para la Prevención, Tratamiento, Rehabilitación de las víctimas de Tortura y sus familiares (CPTRT); REINA RIVERA JOYA, Directora Ejecutiva del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH); comparecemos solicitando que se suspendan los comicios electorales del próximo veintinueve de noviembre debido a la sistemática y grave violación de derechos humanos en perjuicio de la población hondureña por motivos eminentemente políticos a raíz del Golpe de Estado perpetrado el veintiocho de junio del presente año; petición que hacemos con base a los hechos y fundamentos siguientes:
HECHOS RELEVANTES
1. A partir de que el 28 de junio de 2009, efectivos militares armados allanaron por la fuerza la casa de habitación del Presidente, democráticamente elegido José Manuel Zelaya Rosales, para capturarle y sacarle del país rumbo a Costa Rica, las libertades y derechos fundamentales de los hondureños y hondureñas han sido suprimidas y violentadas. Esta situación ha sido denunciado por varios medios de comunicación, por las distintas organizaciones de derechos humanos nacionales, entre otras CODEH, COFADEH, CPTRT, CIPRODEH, FIAN INTERNACIONAL y CDM; e internacionales tales como el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Federación Internacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Misión de Observación del Equipo Regional de Monitoreo y Análisis sobre Derechos Humanos y Conflictividad en Centroamérica, Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México (CIFCA); asimismo por parte de la comunidad internacional a través de entidades de entero crédito como la Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas, el Relator Especial sobre Libertad de Expresión de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que: “confirmó la existencia de un patrón de uso desproporcionado de la fuerza pública y militar, detenciones arbitrarias, y control de la información dirigido a limitar la participación política de un sector de la ciudadanía. Además la Comisión constató la represión ejercida contra las manifestaciones a través de la colocación de retenes militares, la aplicación arbitraria de toques de queda, detenciones de miles de personas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y malas condiciones de detención. De particular gravedad es la muerte de cuatro personas (hasta el 21 de agosto) y varios heridos por arma de fuego.”
2. Para efecto de demostrar las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos se acompañan los informes siguientes: Informe Situacional de Derechos Humanos del 28 de junio al 15 de julio de 2009, elaborado por COFADEH; Informe Situacional de Derechos Humanos, Cifras y Rostros de la Represión, elaborado por COFADEH el veintidós de octubre de 2009; Tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en el contexto del golpe de estado elaborado por CPTRT en agosto de dos mil nueve; Tortura: Represión sistemática tras el golpe de estado, elaborado en noviembre por el CPTRT.
3. Roto el orden constitucional, el Tribunal Supremo Electoral impone dar continuidad a unos comicios que no cumplen, siquiera los mínimos estándares democráticos, debido a que se han desarrollado en un clima violento y tenso, dentro de un contexto de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Desde el día del golpe de Estado se han registrado 33 muertes violentas por represión política, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, abusos sexuales, restricción a las libertades de asociación, reunión, expresión, opinión, entre otras. Como consecuencia, se ha provocado una gran desconfianza en buena parte del electorado hondureño, que cuestiona la falta de transparencia y legitimidad así como la credibilidad en sus resultados. Es significativo, por lo contradictorio que resulta, el hecho de que las mismas autoridades que ejecutaron el golpe de Estado, son las encargadas de custodiar las urnas y asegurar unas elecciones trasparentes y limpias.
4. La celebración de comicios confiables, no depende solamente de la implementación de sofisticados medios tecnológicos, de observadores internacionales, del cumplimiento estricto de plazos y requisitos; también depende de que sean precedidos por un proceso electoral limpio, producto de un clima de libertad plena, en el cual candidatos y electorado puedan expresarse abiertamente y en un plano de absoluta igualdad; sin temor a ser asesinados, torturados, detenidos y encarcelados, como ha ocurrido en Honduras desde el 28 de junio pasado. Exempli gratia: El ex candidato a la presidencia Carlos H. Reyes resultó gravemente herido al punto de ser hospitalizado tras haber sido brutalmente golpeado en una manifestación pacífica; igual suerte corrió el candidato a diputado Marvin Ponce. La casa de la diputada Silvia Ayala fue allanada para hacerse de su computadora. El sobrino de don Alejandro Villatoro propietario de Radio Globo, opositora al régimen, fue ultimado a balazos por unos facinerosos que se conducían en una moto, llevándose su computadora personal. El día 19 de octubre en Macuelizo Santa Barbara fue asesinado el maestro Eliseo Hernández Juárez, miembro de la Resistencia y vice candidato a la alcaldía de ese municipio.
Igualmente, hace unos días se atacó con armas de alto poder, incluyendo granadas, la casa de habitación de Ulises Sarmiento, político reconocido del Partido Liberal, líder de la Resistencia y contrario al golpe de Estado en el departamento de Olancho; el día martes25 de noviembre fue encontrado asesinado el señor Gradis Espinal, Maestro de Educación y miembro activo de la Resistencia Nacional, información preliminar de éste caso refiere la detención previa y captura por parte de elementos policiales y militares quienes lo habrían interceptado; horas más tarde su cuerpo fue encontrado acribillado.
5. En esa línea de falta de derechos y atentado contra la libre toma de decisiones y el libre ejercicio de los derechos políticos del electorado, empleados y funcionarios públicos, así como de la empresa privada están siendo obligados a votar bajo intimidación, bajo pena de ser despedidos de sus trabajos. En este sentido resulta ilustrativo el anuncio publicitario anónimo e intimidatorio, aparecido en la página 23 del diario La Tribuna de fecha 24 de noviembre (documento adjunto), el cual amenaza a la población bajo el lema “El verdadero riesgo es no votar” “cuida tu historial electoral el cual puede ser consultado fácilmente en la pagina consulta.tse.hn con solo ingresar tu identidad”. Esta acción, además, incurre en responsabilidad en virtud de lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, precepto legal que prohíbe la propaganda anónima e impone una multa de 40 a 200 salarios mínimos al medio de comunicación que lo publicare.
6. Todo el proceso electoral desde su convocatoria, hace casi seis meses, hasta la fecha, ha sido viciado con repetidos toques de queda, algunos ilegales por no haberse dado cumplimiento a los requisitos predeterminados por la Constitución y otros dentro de la aplicación del Decreto Ejecutivo numero PCM-M-016-2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta de fecha 26 de septiembre de 2009 (cuya fotocopia se adjunta). Especialmente este decreto legislativo ha tenido efectos negativos para la campaña electoral de todos los que se oponen al golpe de estado y al régimen que lo sustenta, puesto que restringe elementales derechos, necesarios para participar en una contienda electoral. Es imposible que un candidato tenga posibilidades de éxito si a él y sus seguidores les son suspendidos durante cuarenta y cinco días los derechos de libertad personal, libre emisión del pensamiento, asociación y reunión, libre circulación y a no ser detenido o arrestado sino en virtud de mandato escrito expedido por autoridad competente con las formalidades legales y por motivos previamente establecidos por la ley. Este decreto estuvo vigente hasta el 10 de noviembre de 2009 pues aunque se anuncio su derogatoria el 5 de octubre, nunca fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta y en repetidas oportunidades en medios de comunicación jefes policiales han reiterado que: “la policía esta obligada a aplicar el decreto mientras no sea publicado en la Gaceta”, como efectivamente se ha hecho al reprimir el día 29 de octubre de 2009 una manifestación del Partido Unificación Democrática que contaba con Autorización Escrita de éste Tribunal Supremo Electoral. Se señala que adicionalmente la Policía Nacional ha impedido el derecho a manifestación y reunión en forma discriminatoria pues a los actores políticos del Partido Liberal, Innovación y Unidad, Unificación Democrática y candidaturas independientes en resistencia les ha impuesto limites al ejercicio de esos derechos amparados en un Comunicado Policial de 20 de octubre de 2009 que arbitrariamente pone limites a las libertades de reunión y manifestación, necesarias para el proceso electoral libre.
Además esta circunstancia de vigencia del Decreto de suspensión de derechos, ha afectado directamente a las candidaturas políticas opositoras al régimen de facto, pues sólo han tenido dieciocho días para hacer campaña electoral, de los cuales todavía habrá que restar el período de cinco días previos al día de las elecciones, tal como lo dispone el artículo 149 de la Ley Electoral y de Organizaciones Políticas. En razón de esto estamos en capacidad de decir que existe un Ilegítimo proceso electoral en virtud de que los contendientes políticos no han tenido igualdad de condiciones para participar durante los últimos meses.
Como resultado de lo anterior el candidato independiente presidencial Carlos H. Reyes y cerca de 100 candidatos y candidatas a diputados y alcaldes, se han retirado de este proceso, por calificarlo de viciado, ilegitimo y fraudulento.
7. Otro vicio relevante y suficiente para suspender de pleno derecho las elecciones, es la represión dirigida en contra de medios de comunicación opuestos al golpe de estado.
Así dentro del plazo de la campaña electoral, el pasado 28 de septiembre siendo aproximadamente las 5:20 a.m., se presentaron contingentes de efectivos militares y policías armados a las instalaciones de Canal 36, Radio La Catracha, Cholusat Sur Radio, y Radio Globo amparados en resoluciones Nos. OD 010/09 y OD021/09 de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), y basadas en el Decreto Ejecutivo PCM016-2009 desconectaron y decomisaron el equipo de difusión y trasmisión de información de estos medios; lesionando derechos Constitucionales contemplados en el artículo 72 de la Constitución de la República a la letra dispone: “Es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin previa censura.” En virtud de violación a la prohibición contenida en el párrafo primero del artículo 73 que literalmente dispone: “Los talleres de impresión, las estaciones radio-eléctricas, de televisión y de cualesquiera otros medios de emisión y difusión del pensamiento, así como todos sus elementos, no podrán ser decomisados ni confiscados, ni clausuradas o interrumpidas sus labores por motivo de delito o falta en la emisión del pensamiento sin perjuicio de las responsabilidades en que se haya incurrido por estos motivos, de conformidad con la Ley.”
8. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH otorgo el 16 de octubre de 2009 medidas cautelares a favor de Radio Globo y Canal 36, con los cuales el gobierno de facto se vio obligado a devolver los equipos de transmisión; sin embargo al día de hoy estos medios continúan bloqueadas sus señales de Transmisión por una portadora que interfiere la señal satelital y de microondas de Canal 36 por lo que este medio esta fuera del aire; igual sucede con la señal de las repetidoras en algunas regiones del interior del país en el caso de Radio Globo. (ver fotocopias de las certificaciones de las resoluciones emitidas por CONATEL, las cuales se adjuntan). De igual manera resulta reprochable la amenaza de cancelar el uso del espectro radioeléctrico a los medios de radiofusión sonora y televisión que no se autocensuren y se opongan al golpe de estado. (Ver fotocopia del Acuerdo Ejecutivo Número 124-2009 que se adjunta).
Para el Ejercicio de Elecciones Libres el Estado, incluyendo al Tribunal Supremo Electoral debe ser capaz de garantizar la libertad de prensa, pensamiento, opinión y difusión, pues las mismas son condiciones sine qua non para el establecimiento de un clima de libertad electoral y su restricciones atentan directamente contra los principios básicos del sistema electoral hondureño reflejados en el artículo 2 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas. Esto también afecta directamente con el artículo 103 de la citada ley por medio del cual El Estado debe garantizar la democracia participativa y el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos tanto a hombres como a mujeres en igualdad de oportunidades políticas.
El citado artículo 2 de la misma Ley preceptúa como principios básicos del Sistema Electoral entre otros el principio de Igualdad, el principio de Transparencia y Honestidad de los procesos Electorales los cuales han sido violentados por este mismo Tribunal al excluir a Radio Globo, Canal 36 y Canal 11 de las convocatorias y reuniones del TSE con medios de comunicación del país en lo relativo a la información sobre el desarrollo del proceso electoral, campañas y propaganda electoral.
9. Un proceso electoral es creíble, confiable y por tanto aceptado por todos los sectores de la sociedad, sólo si proviene de un pacto social aceptado en consenso por todas las fuerzas políticas, y que se materializa en una constitución. Con el golpe de Estado, los distintos sectores que componen la sociedad hondureña, se han dividido profundamente al romperse la cohesión social que se había logrado con la constitución. Por ello resulta de una importancia insoslayable que previo a celebrar elecciones, los sectores en disenso acepten concertar y restablecer nuevamente el pacto social. De otra manera resulta una imposición del sector que en este momento detenta el poder del dinero y las armas, pero que no goza del reconocimiento de una gran parte del pueblo. Si hay disenso de un sector significativo de la población, no hay constitución, porque no existe pacto social, por tanto no hay legitimidad. Las elecciones actuales concebidas en un ambiente deslegitimado por un golpe de estado, forzadas e impuestas mediante la intimidación, la arbitrariedad y el irrespeto a los derechos más elementales, son nulas de pleno derecho, por lo que se exige su aplazamiento hasta que se restablezca el pacto social roto con el golpe de estado.
10. A pesar de que el gobierno de facto se ha esforzado por mostrar que en Honduras no ha pasado nada y que se goza de un ambiente de tranquila normalidad, con actos concretos se contradice y reconoce que las elecciones se llevarán a cabo en un ambiente de tensión e intranquilidad, tal como se demuestra con la fotocopia del oficio No.1055-09-SSRDS dirigida el 16 de noviembre de 2009 a los directores departamentales de hospitales, preparándoles para un Plan de Contingencia que iniciaría el 19 de noviembre y abarcaría hasta el 4 de diciembre de 2009 solicitando además dar altas anticipadas en los hospitales para disponer de cupos de camas y medicamentos en el marco de un proceso que debería darse en un clima de paz y seguridad; coincidente con esto el presidente de facto emite el Decreto Ejecutivo No. PCM-M-029-2009, mediante el cual llama a servicio activo a cinco mil efectivos reservistas, sin criterios de selección, con lo cual habrían sido convocados violadores impunes de derechos humanos de la década de los ochentas con juicios pendientes ante la Fiscalía de Derechos Humanos quienes estarían custodiando las urnas y demás comunidades del país. Esta situación se agrava con la emisión de Decreto Ejecutivo No. PCM-M-30-2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 21 de noviembre de 2009 en el cual se decreta un estado de emergencia nacional que será el telón de fondo del proceso electoral de este próximo domingo 29 de noviembre de 2009. Fotocopia a de los referidos decretos se adjuntan.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 5, 45, 51, 59, 60, 65, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 81, 98, 99, 100, 187 y demás aplicables de la Constitución de la República 1, 13, 15, 16, 23 y demás aplicables de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 103, 104 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas Decreto legislativo, 44-2004.
Para efecto de demostrar las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos se acompañan los informes siguientes: Informe Situacional de Derechos Humanos, Cifras y Rostros de la Represión, elaborado por COFADEH el veintidós de octubre de 2009; Tortura: Represión sistemática tras el golpe de estado, elaborado en noviembre por el CPTRT. Amenazas a los Defensores de Derechos Humanos post Golpe de Estado en Honduras (CIPRODEH), Ni golpes de Estado ni golpes a las Mujeres: informe sobre Violaciones a los Derechos Humanos de las Mujeres en Honduras (CDM), Situación de Derechos Humanos previo a las Elecciones Presidenciales, Legislativas y Municipales en Honduras ( Misión de Observación del Equipo Regional de Monitoreo y Análisis sobre Derechos Humanos y Conflictividad en Centroamérica), comunicado de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, La CIDH condena el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones en Honduras, Amnistía Internacional Honduras, Aumenta la Intimidación de Periodistas y Manifestantes, Comunicado del Centro Carter sobre las Elecciones en Honduras.
Se adjuntan además copias de los siguientes decretos y resoluciones que restringen derechos fundamentales necesarios para el ejercicio de los derechos políticos: 1) Decreto Ejecutivo PCM M-016-2009 del Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros que restringe derechos y libertades durante el plazo de 45 días, cuya derogatoria nunca se publicó en el Diario Oficial La Gaceta y que estuvo vigente hasta el 10 de noviembre de 2009 por agotamiento del plazo de 45 días que corrieron en el marco del plazo de la campaña electoral. 2) Resoluciones Nos. OD 010/09 y OD021/09 de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) que limitan la libertad de prensa; 3) Acuerdo Ejecutivo No. 124-2009 del 5 de octubre de 2009 para la restricciones ala libertad de prensa, 4) Comunicado Policial de fecha 20 octubre de 2009 que impone límites a la libertad de reunión y manifestación (véase los niveles de abuso pues no se trata de una resolución de la Administración Publica, sino un simple comunicado de Prensa el cual sin embargo ha amparado la represión a nivel nacional de actores políticos en resistencia y población en genera); 5) Oficio No. 1055-09-SSRDS del 16 de noviembre de 2009 emitido por el Vice Ministro de redes de Servicio para preparar un plan de contingencias de los servicios de salud entre los días 19 de noviembre al 4 de diciembre de 2009. 6) Decreto Ejecutivo PCM-M-029-2009 del Presidente del Poder Ejecutivo de facto y su Consejo de Ministros decretando el llamado a filas de 5000 efectivos de la Reserva Activa sin selección de perfiles para evitar que violadores a derechos humanos participen de la custodia y seguridad electorales. 7) Decreto Ejecutivo PCM-M-30-2009 del Presidente del Poder Ejecutivo de facto y su Consejo de Ministros Declarando Estado de emergencia a nivel nacional para todas las actividades relacionadas al proceso electoral.
PETICION
Señores magistrados del Tribunal Supremo Electoral, con todo respeto solicitamos que se suspendan las próximas elecciones en virtud de que no existen condiciones favorables para que se lleven a cabo, en virtud de todo lo relacionado con anterioridad en este libelo; ese tribunal debe tomar en consideración que no concurren los principios que enumera el artículo 2 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas; en virtud de que el gobierno no ha permitido un verdadero pluralismo político, tampoco ha garantizado la igualdad de condiciones para todos los candidatos y que más bien ha coartado toda actividad política considerada contraria a la dictadura. El proceso electoral no debe realizarse, en tanto no cesen las violaciones a derechos humanos por razones políticas, no nos encontremos en Estado de emergencia nacional y en general se hayan derogado todos los decretos y resoluciones del Ejecutivo defacto que restringen derechos civiles imprescindibles para el ejercicio de los derechos políticos de todos y todas sin discriminación.
Tegucigalpa M.D.C., 27 de Noviembre de 2009.
