Por Giorgio Trucchi - Rel-UITA
El golpe de Estado que en junio de 2009 derrocó al gobierno legítimo de Manuel Zelaya, no ocasionó solamente la ruptura del orden constitucional que aún no ha sido sanado, sino que profundizó la ya grave situación de violación a los derechos de las mujeres hondureñas.
En ocasión del Día Internacional de la Mujer, el Centro de Derechos de Mujeres (CDM) conversó con Sirel acerca de la situación de la violencia de género en el país.
Según estadísticas del Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres del CDM, del 2002 al 2010 en Honduras fueron asesinadas 1.778 mujeres, casi la mitad de las cuales en edades comprendidas entre los 15 y los 29 años. Además, el año pasado 597 mujeres fueron víctimas de violencia -incluyendo 343 femicidios- con aumento del 85 por ciento en los últimos dos años.
De acuerdo con la Fiscalía Especial de las Mujeres, de un acumulado de 944 casos (2008-2010) de muertes violentas de mujeres, sólo se han obtenido 61 sentencias (6,4 por ciento). Esta situación evidencia una significativa profundización de la violencia de género después del golpe de Estado.
En un documento dado a conocer a finales del año pasado, el CDM reveló como el golpe de Estado significó “el derrumbe y deslegitimación de la poca institucionalidad y mecanismos existentes -creados con esfuerzo y lucha de las organizaciones feministas- para garantizar el respeto y goce de los derechos humanos”.
Ante esta situación, el documento denuncia que el gobierno continuador del golpe se está limitando a realizar esfuerzos “por ocultar las permanentes violaciones a los derechos humanos de la población hondureña y de las mujeres en especial”, sin garantizar el cumplimiento de los mecanismos necesarios para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres.
“Vivimos una situación de absoluta ingobernabilidad. El Estado ha colapsado y las mujeres estamos expuestas a la violencia sistemática y a la falta de respuesta institucional”, dijo a Sirel, la coordinadora del Programa de Derechos Sexuales y Reproductivos del CDM, Regina Fonseca.
Según Fonseca, el Estado, a través de sus cuerpos represivos y de las estructuras encargadas de aplicar justicia, se ha convertido en una importante fuente de agresión a la integridad y vida de las mujeres.
“Casi el 96 por ciento de los femicidios quedan en la impunidad. Las autoridades son incapaces de realizar su trabajo o están coludidas con los responsables de violencia. Además -continuó la activista- nos preocupa el ritmo de crecimiento de los asesinatos de mujeres, que ya es el doble con respecto a los hombres, y la estigmatización que se está dando a este fenómeno de parte de las autoridades de Seguridad.
También estamos viendo como las instituciones se han parcializado a favor de los grupos de poder, contribuyendo de esa manera a la criminalización de la protesta social y a la persecución política, represión y violencia sexual contra las mujeres que son parte de la Resistencia.”, aseveró Fonseca.
Frente esta situación, las integrantes del CDM siguen sin reconocer al actual régimen de Porfirio Lobo.
“Reconocerlo sería como que alguien me viole y después tenga que sentarme con él a negociar. No es posible y es por eso que necesitamos refundar nuestro país. Queremos un Estado donde las mujeres sean parte del espíritu y de la acción social y política. Somos parte de la Resistencia y apostamos a auto convocarnos a una Asamblea Nacional Constituyente, con nuestra mirada femenina y con nuestras necesidades y demandas”, concluyó Fonseca.
