DIARIO TIEMPO-- 27-02-2010
Tremendo malestar ha causado en los círculos religiosos fundamentalistas la negativa de la rectora Julieta Castellanos en permitir la celebración de una misa en el auditorio de la Universidad Nacional Autónoma (UNAH), en celebración del Miércoles de Ceniza, una ceremonia estrictamente religiosa.
La posición de la rectora Castellanos es digna del reconocimiento público. Ya era tiempo de que alguna autoridad del Estado fuera al rescate del valor republicano del laicismo, que es fundamental en un sistema educativo democrático, que privilegia la igualdad y la neutralidad del Estado respecto de la enseñanza.
El Estado de Honduras es laico, no profesa ninguna religión y sostiene que todas las creencias, en tanto fenómeno religioso, son expresión profunda de la conciencia individual y, por consiguiente, tienen igualdad de derechos y obligaciones. Bajo este principio, el Estado garantiza la libertad de cultos y sustrae a éstos de la controversia política al prohibir a los ministros religiosos el ejercicio de cargos públicos (artículo 77 de la Constitución).
Es asimismo, la aplicación del precepto cristiano: darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La educación nacional laica (artículo 151 de la Constitución), por lo demás, es consecuencia de la separación de la Iglesia y el Estado, que garantiza la libertad de conciencia y de cultos, de acuerdo con lo cual el sistema educativo oficial no debe enseñar o refutar ninguna religión.
Eso es exactamente lo que ha motivado y justificado la acción de la rectora de la UNAH, en circunstancias especialmente oportunas para plantear el rescate de los valores cívicos y políticos que dan cohesión a la sociedad hondureña. Esto queda de relieve si consideramos –como es nuestra obligación ciudadana hacerlo— que, en sustancial medida, la profundidad y virulencia de la crisis política que estamos viviendo procede de la participación religiosa en los deplorables acontecimientos del 28 de junio/09, durante el régimen de facto y en la actual oposición al esclarecimiento de la verdad sobre el golpe de Estado.
Aparte de estas lamentables implicaciones, están los problemas, en lo que a la educación superior en nuestro país se refiere, relacionados con la proliferación de universidades privadas de entidades religiosas, que tiende al colapso de la Universidad Nacional Autónoma en su papel exclusivo de “organizar, dirigir y desarrollar la educación superior y profesional” (artículo 160 de la Constitución).
En la actualidad, más de un centenar de diversas sectas religiosas establecidas en Honduras pugnan por tener, cada una de ellas, su propia universidad, lo que al final también significa más carga para el Estado, que termina siendo presionado para la subvención de los gastos de mantenimiento, si no es que a costillas de una feligresía fríamente esquilmada.
Es obvio que el Estado hondureño se ha ido debilitando, en lo que a su integridad republicana interesa, por el vencimiento de sus resortes cívicos y políticos, a consecuencia de la irresponsabilidad, la ignorancia y la obsecuencia de la “clase” política de cara a una acción clerical progresivamente tenaz y envolvente.
