Por: Ronnie Huete
Tegucigalpa, 2 de nov (PL) Como se acostumbra en el escenario politiquero, los artífices de promover los discursos vacios que demuestran su ignorancia y su analfabetismo político. En un país sediento de cambios promotores del desarrollo, ya suenan en las campañas proselitistas que enriquecen a los mercenarios de la información (Televicentro, El Heraldo, La Tribuna, HRN, radio América y canal 10) con millonarios contratos publicitarios.
Estas empresas se ajustan a los intereses de las 10 familias que promueven la apología del odio en Honduras, a través de los medios de comunicación con mayor influencia en ese sentido, como los arriba mencionados.
Los principales directores de los programas televisivos mantienen la línea política de su empresario al infundir pánico entre sus televidentes, afirmando que la resistencia realizará acciones de violencia dirigida hacia las personas que ejercen el sufragio.
Una fuente de entero crédito que por razones de seguridad no se menciona su nombre afirma que uno de los principales periodistas que incita esta violencia, es el comunicador social, Renato Álvarez quien después del golpe de Estado goza del resguardo de seis policías que le acompañan donde se moviliza, incluyendo a su casa de habitación.
Este tipo de seguridad especial normalmente se brinda a funcionarios públicos, puesto que este servicio estatal es cancelado con los impuestos que paga el pueblo hondureño.
Las investigaciones realizadas por instituciones de derechos humanos internacionales demuestran que este tipo de periodismo es una influencia que atenta con el desarrollo de los derechos humanos en el país, el dueño de esta televisora es Rafael Ferrari quien se le conoce en Honduras como una persona altruista y amante el deporte.
El Comité de Familiares de detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) explicó a Prensa Latina que en esta nación centroamericana se está preparando todo un escenario para continuar con una casería humana mediante la influencia desinformativa que se publica en la prensa fascista.
Para Berta Oliva coordinadora de este organismo de derechos humanos, el régimen de facto esta recrudeciendo estas acciones de forma arbitraria, puesto que prohibir expresarse libremente se ha convertido en una disposición ilegal para los hondureños.
El análisis de Oliva describe que este derecho universal solo puede ser utilizado por los políticos que aglutinan a las masas en sus concentraciones, pero no por aquellas personas que se manifiestan pacíficamente en el Frente de Resistencia Nacional en contra del golpe de Estado.
Lo más preocupante para el Cofadeh se relaciona a los últimos hechos de secuestro y violencia que se han presentado hacia los personeros del régimen, puesto que los medios de comunicación insisten a través de sus publicaciones, que los sospechosos de cometer estas atrocidades son los miembros de la Resistencia.
A criterio de esta defensora de los derechos humanos estos acontecimientos tienen como propósito culpar a la Resistencia de un posible boicot del circo electoral que tienen preparado para el 29 de noviembre.
“No descartamos en ningún momento que ellos mismos hagan estos actos violentos para justificar la represión hacia la Resistencia y por otro lado la no concretización del circo electoral que tienen preparado” expresó Oliva.
Las investigaciones del Cofadeh revelan que peligra la seguridad interna y el respeto de los derechos humanos en el país, ya que el régimen dictatorial intenta acusar directamente a Manuel Zelaya y a la Resistencia de un boicot de los comicios, lo que ocasionaría una represión masiva hacia quienes se han manifestado pacíficamente.
Según Oliva los recientes asesinatos y secuestros que se han dado en el país ameritan una investigación de urgencia de parte de los organismos internacionales de derechos humanos, para que se investigue quienes son los autores materiales de estos misteriosos crímenes.
El homicidio del sobrino del neofascista Roberto Micheletti, el asesinato de un coronel del ejército y el secuestro del padre del viceministro de facto de defensa, son acontecimientos que el Cofadeh solicita la cooperación de la comunidad internacional, puesto que debilita la integridad física de los que se oponen al golpe de Estado.
“Estas acciones demuestran la desesperación de quienes siguen promoviendo la dictadura fascista en Honduras porque saben de que la población opositora no tiene miedo” aseguró Berta Oliva.
Un reciente informe que presentó el Cofadeh señala que un total de 51 retenes militares han violentado el derecho de la libre circulación de los hondureños, esto se ha reportado en varios puntos cardinales del país en donde en ocasiones las personas fueron reprimidas inhumanamente por efectivos policiales y de la milicia.
Otro de los derechos que el régimen de facto ha irrespetado es el derecho a la libertad de reunión y libre manifestación, puesto que están contemplados en los artículos 78 y 79 de la constitución de la República.
El informe del Cofadeh comprueba que se llevan contabilizados desde el 28 de junio hasta el 10 de octubre de 2009 un total de 21 ejecuciones o muertes violentas y existen 108 amenazas a muerte así como 453 lesiones y golpes propiciados por efectivos policiales.
Las sugerencias que exponen las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales se resumen en que las víctimas de la represión hagan sus denuncias, ya que está acción marca un precedente que se archiva para que en un futuro se proceda con los responsables de estos hechos.
En relación a los informes que transmiten los medios de comunicación se convierten en un instrumento mediático que avala las torturas hacia las masas que se oponen al gobierno espurio representado por Roberto Micheletti y por lo tanto son cómplices directos de estas repetidas violaciones a la seguridad de la vida en Honduras.
