7 October 2009 22:34 Dina Meza - Defensores en Línea
Jueza buscó todos los medios posibles para dejar en prisión a los 38 campesinos a quienes al final de la audiencia les dictó auto de prisión por sedición como ejecutores materiales , pero con medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
El miércoles 30 de septiembre fue asaltado el Instituto Nacional Agrario, INA, por policías que llegaron rompiendo puertas y ventanas y capturaron a 55 personas, entre ellas dos menores de edad y seis mujeres. (ver detalles).
La audiencia de imputado se llevó a cabo en la medianoche del 30 de septiembre y concluyó en la madrugada del 01 de octubre. El juez llegó a las propias instalaciones de la Policía Metropolitana Número Uno a realizar la misma. Es la tercera vez que estas instalaciones policiales sirvieron de tribunal , evidenciando la militarización de la justicia en Honduras, situación que ya se daba por superada, por la lucha social de rescatarla de esa concidión en la que ha permanecido por décadas.
La audiencia al igual que todas las que se han realizado contra más de 100 personas, tenía vicios de nulidad con lo cual se violentó el Debido Proceso, los jueces no permitieron a los detenidos y detenidas defenderse en igualdad tal como lo estipulan los convenios internacionales de derechos humanos y la Constitución de la República de Honduras.
Kenia Oliva, procuradora legal del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, una de los 15 abogados que se constituyeron como defensores de los 38 campesinos, manifestó que la Jueza Laura Casco, quien conoció el caso, les dictó auto de prisión por sedición por considerarlos responsables de sedición como autores materiales del supuesto delito, sobre el cual la Fiscalía del Ministerio Público no presentó las pruebas que los involucraran pero aún así la togada resolvió no dejarlos con sobreseimiento definitivo.
La audiencia duró todo el día miércoles 07 de octubre. Los profesionales del derecho integran el Frente de Abogados contra el Golpe y se dividieron en cinco grupos para defender a los campesinos, entre ellos estaban Ivania López del Centro de Derechos de Mujeres, CDM, Nectaly Rodezno quien coordina el Frente y Marco Tulio Amaya, entre otros.
De acuerdo a la información proporcionada por Kenia Oliva, hay cuatro órdenes de captura contra los dirigentes campesinos que dirigían la toma del INA. Estas tienen que ver con las declaraciones del Director de facto de esta institución, Eduardo Villanueva, que en su declaración manifestó que no los campesinos no le obstaculizaron su entrada para asumir el cargo y que con dialogó vía teléfono fue con la dirigencia. Uno de los voceros policiales mencionó a Daysi Ibarra y Concepción Betanco, como dos de "las cabecillas" de la toma.
La defensa de los campesinos se preparó con diversas estrategias para lograr la libertad de los labriegos, que proceden de diversos puntos del país y que han llevado a cabo una heroica lucha desde el 28 de junio en que perpetró el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya Rosales, por lo que trataban de proteger los expedientes del decreto 18-2008, que manda la expropiación forzosa de tierra en poder de terratenientes que han hecho lo imposible por evitar su aplicación.
Varios campesinos han perdido la vida en defensa de este decreto, sobre el cual los terratenientes han interpuesto recursos ante la Corte Suprema de Justicia, CJS, para que se derogue. Pero el proceso había avanzado bastante, el gobierno de Zelaya Rosales había conformado comisiones para que le dieran trámite a la expropiación y se procediera a indemnizar a los terratenientes, muchos de ellos no poseen legalidad sobre la tierra.
