Buen signo que el Estado repare daños a sus víctimasEl Centro por la Justicia Internacional y el Derecho (CEJIL) acaba de pronunciarse en una carta sobre la creación de la Comisión Nacional de Reparaciones de violaciones graves a los derechos humanos cometidas por el Estado de Honduras, entre 1980 y 1993. La carta congratula al gobierno por impulsar "este primer esfuerzo" de resarcimiento individual y/o colectivo de las víctimas, así como el impulso de una política de derechos humanos, que contribuyan a reconciliar a la familia hondureña."Le exhortamos respetuosamente, señor Presidente, a tomar todas las medidas necesarias que garanticen la materialización del Programa Nacional de Reparaciones y muy especialmente para que se generen las condiciones que permitan acabar con la impunidad", dice la carta remitida a Manuel Zelaya Rosales. Agrega que "la única forma de alcanzar la paz social es a través de la reparación, la verdad y la justicia".El CEJIL es una organización con prestigio que litiga en Washington ante el sistema interamericano de derechos humanos, en representación de víctimas y organizaciones de víctimas de América Latina.Es sin duda, oportuna esta voz del CEJIL en momentos cuando una campaña de desinformación y odio ha sido lanzada contra el Cofadeh, particularmente contra su coordinadora general Bertha Oliva, por algunos socios de los torturadores y criminales que se pavonean en el periodismo de letrina."Observamos en algunos medios un claro interés por manipular la información y generar opiniones adversas entre las propias víctimas respecto al contenido del Decreto, atacando el papel que juega el Cofadeh en su impulso, lo cual nos parece injusto y condenable", dijo el sobreviviente de torturas en la década perdida, Juan Barahona.Esta declaración fue compartida por Karla Maldonado, la hija de Jorge Alberto Maldonado Padilla, desaparecido en 1983 junto al padre James Francis Carney (padre Guadalupe), al afirmar que "todas hemos sufrido la desinformación que enfatiza el tema del dinero y no los aspectos del daño moral, la impunidad y la memoria".Imploró a los periódicos y radios: "busquen la información suficiente y no confundan a la gente".Juan y Karla hablaron en la primera asamblea de 40 familias víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, que respaldan el contenido del Decreto Ejecutivo y apoyan al Comité en esta lucha que data de 1981. Hoy atacan a Bertha, símbolo indiscutible de coherencia en la resistencia moral contra la barbarie, para evitar la discusión de los alcances generales del Decreto a favor de decenas de familias víctimas de torturas, sobrevivientes de la desaparición forzada o parientes de asesinados políticos durante los 13 años de aplicación de la doctrina de seguridad del Estado (1980 - 1993).El debate de esta deuda histórica del Estado hace rumiar las culpas a centenares de policías, militares, soplones, empresarios, políticos y diplomáticos que forman parte del retablo de delincuentes que actuaron contra la libertad y la vida, en nombre y representación del Estado. Por eso desvían la atención.Pero el tiempo dará la razón a esta mujer que le arrancó la máscara a uno de los encapuchados la noche cuando secuestró a su esposo Tomás Nativí, en la colonia El Hogar, de Tegucigalpa, en 1981.La otra máscara la arrancó a quienes incluyeron su nombre y el de su hijo Tomás, sin consultarles, en un proceso de resarcimiento parcial que culminó en el 2000 con una estrategia política fallida para pretender socavar su liderazgo en la promoción y defensa de los derechos humanos.Bertha, junto a su hijo Tomás Alberto, se vieron obligados por las circunstancias a aceptar el resarcimiento parcial de daños por el Estado, a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por valor de 584 mil lempiras cada uno en concepto de daños emergentes (pérdidas por la búsqueda de su pariente) y por lucro cesante (lo que dejó de percibir la familia por la muerte violenta de la víctima). Sin embargo, la aceptación de Bertha y Tomás fue hecha bajo reservas porque la reparación no incluyó ni la preservación de la memoria de Tomás Nativí ni la publicación de los hechos que originaron la petición, tampoco los daños no patrimoniales y mucho menos el daño moral ocasionado durante años en contra de la honra y buena imagen de la familia Nativí Oliva.Bajo esos argumentos la Comisión Interamericana aceptó el reclamo en marzo de 2001.Por su parte, Bertha retiró los fondos para evitar que los mismos fueran colocados en la cuenta de deuda pública. Ahora lo que se exige en el marco de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos y del Programa Nacional de Reparaciones es el resarcimiento de la deuda completa del Estado con ella y todas las familias afectadas, y así se dispone el COFADEH a explicarlo a nivel nacional.
De los Hechos y de los hechores
¡NI OLVIDO, NI PERDON!
Tegucigalpa, M.D.C., 17 de enero de 2009
