FIAN Honduras. Tegucigalpa, lunes 23 de junio de 2008.-
Los pobladores de la comunidad de Ojo de Agua, municipio de Yuscarán, El Paraíso, corren el riesgo de quedar sin trabajo, perder la oportunidad de alimentarse, quedar sin viviendas, con limitado acceso a la educación por la militarización del único instituto de la comunidad y hasta sin cementerio si el juez que conoce un reclamo de tierras falla a favor de las Fuerzas Armadas de Honduras.
Desde el pasado miércoles 18 de junio más de 120 habitantes de la comunidad de Ojo de Agua están compareciendo al Juzgado de Letras acusados de usurpar tierras que supuestamente pertenecen al Sexto Batallón de Infantería pero que los miembros de la Empresa Asociativa Campesina “El Rodeo”, afiliada a la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH), cultivan desde 1984.
Parte de las parcelas que reclaman los militares fueron usadas en 1980 como polígonos de tiro pero fueron abandonadas por ellos y ocupadas por los campesinos para cultivar sus alimentos desde 1984. A la fecha de hoy, la producción de mas de 110 manzanas que estan cultivadas de maíz, frijol y banano corre el riesgo de perderse y no llegar a los mercados por este conflicto.
Unos años atrás, la Procuraduría General de la Republica adquirió un total de 55 manzanas de terreno para entregarlas a la unidad militar y en el año 2000 el Instituto Nacional agrario (INA) emitió un título de propiedad a favor de las Fuerzas Armadas. En la actualidad el comandante del mencionado Sexto Batallón de Infantería, CORONEL MARIO ALBERTO CASTILLO, reclama la posesión de más de 400 manzanas de tierra, que incluyen las tierras de cultivo de los campesinos, los terrenos donde funciona el Instituto Frank Ramírez Mathew, numerosos predios residenciales barrios enteros- y hasta el cementerio de la comunidad.
En la comunidad de Ojo de Agua es común oír hablar del pasado del CORONEL CASTILLO en la zona de la Mosquitia hondureña y de las constantes amenazas que profiere en contra de los miembros del grupo campesino y los pobladores en sus pretensiones de desalojarlos de las tierras que muchos de sus oficiales ya se reparten entre si. Los pobladores conocen del despojo de sus tierras a varias familias campesinas ejecutado por este Coronel en el departamento de Gracias a Dios.
Las afirmaciones de los pobladores de la comunidad sobre el CORONEL MARIO ALBERTO CASTILLO se confirman con la militarización del Juzgado de Letras -que parece contar con la complacencia del titular del mismo, ABOGADO LUIS CANTILLANO-, cuando los campesinos se presentan a declarar. Todo mundo sabe que es incorrecto que un juzgado civil permanezca militarizado con el fin de intimidar a la los campesinos y pobladores en medio del litigio que mantienen con las Fuerzas Armadas por la posesión de la tierra.
Desde el pasado miércoles 18 de junio más de 120 habitantes de la comunidad de Ojo de Agua están compareciendo al Juzgado de Letras acusados de usurpar tierras que supuestamente pertenecen al Sexto Batallón de Infantería pero que los miembros de la Empresa Asociativa Campesina “El Rodeo”, afiliada a la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH), cultivan desde 1984.
Parte de las parcelas que reclaman los militares fueron usadas en 1980 como polígonos de tiro pero fueron abandonadas por ellos y ocupadas por los campesinos para cultivar sus alimentos desde 1984. A la fecha de hoy, la producción de mas de 110 manzanas que estan cultivadas de maíz, frijol y banano corre el riesgo de perderse y no llegar a los mercados por este conflicto.
Unos años atrás, la Procuraduría General de la Republica adquirió un total de 55 manzanas de terreno para entregarlas a la unidad militar y en el año 2000 el Instituto Nacional agrario (INA) emitió un título de propiedad a favor de las Fuerzas Armadas. En la actualidad el comandante del mencionado Sexto Batallón de Infantería, CORONEL MARIO ALBERTO CASTILLO, reclama la posesión de más de 400 manzanas de tierra, que incluyen las tierras de cultivo de los campesinos, los terrenos donde funciona el Instituto Frank Ramírez Mathew, numerosos predios residenciales barrios enteros- y hasta el cementerio de la comunidad.
En la comunidad de Ojo de Agua es común oír hablar del pasado del CORONEL CASTILLO en la zona de la Mosquitia hondureña y de las constantes amenazas que profiere en contra de los miembros del grupo campesino y los pobladores en sus pretensiones de desalojarlos de las tierras que muchos de sus oficiales ya se reparten entre si. Los pobladores conocen del despojo de sus tierras a varias familias campesinas ejecutado por este Coronel en el departamento de Gracias a Dios.
Las afirmaciones de los pobladores de la comunidad sobre el CORONEL MARIO ALBERTO CASTILLO se confirman con la militarización del Juzgado de Letras -que parece contar con la complacencia del titular del mismo, ABOGADO LUIS CANTILLANO-, cuando los campesinos se presentan a declarar. Todo mundo sabe que es incorrecto que un juzgado civil permanezca militarizado con el fin de intimidar a la los campesinos y pobladores en medio del litigio que mantienen con las Fuerzas Armadas por la posesión de la tierra.
La complicidad de los funcionarios del Estado
Las actuaciones del militar no son las únicas condenables en este caso, también el titular del Juzgado de Letras, ABOGADO LUIS CANTILLANO, según afirmaciones de los pobladores que ya brindaron su declaración- está prohibiendo a los miembros de la comunidad reunirse, violando la libertad de reunión y asociación que reconoce la Declaración Universal de Derechos Humanos y nuestra propia Constitución de la República.
Otra violación a los derechos humanos que comete el funcionario judicial, ABOGADO LUIS CANTILLANO, ocurre cuando -sin considerar el derecho humanitario a la alimentación- les prohíbe a los campesinos acercarse a las tierras de cultivo, condenándoles con esta medida ilegal a la hambruna o migrar fuera de Honduras. El sector juez parece desconocer a estas alturas de su carrera que el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDECS), del cual es signatario el Estado de Honduras, le obliga a reconocer y proteger el derechos de la persona, a garantizarle un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia.
El INA y el CONADEH contribuyen a agravar el problema
El Ministro Director del Instituto Nacional Agrario (INA), ABOGADO FRANCISCO FUNES, es otro de los funcionario del gobierno que también se inclina por convertir tierra de vocación agrícola en tierra de uso militar al no incluir entre los expedientes beneficiarios del Decreto de Emergencia el caso de la EAC “El Rodeo”. Los campesinos le acusan de no mostrar una posición firme a favor de la afectación de la tierra para fines de reforma agraria.
El comportamiento de la delegada del Comisionada Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), ABOGADA NORMA YANETH MERLO FERRUFINO, deja mucho que desear. Cuando los pobladores de la comunidad de Ojo de Agua le han solicitado su intervención se ha llamado al silencio y se ha mantenido al margen del conflicto que violenta los derechos humanos de una comunidad que fundada en 1870 cuenta a la fecha con más de siete mil habitantes.
Escalada represiva en el campo
La represión, esta vez desde instancias legales, que sufren los pobladores y campesinos de la comunidad de Ojo de Agua, del municipio de Yuscarán, departamento de El Paraíso, forma parte de la escalada que se vive en el campo hondureño desde que el pasado 13 de marzo fue aprobado en el Congreso Nacional el Decreto 18-2008 que beneficia a los grupos campesinos que ocupan tierras de vocación agrícola o forestal y con expedientes en el INA con más de dos años de antigüedad.
Desde el 29 de abril, cuando el Decreto 18-2008 entró en vigencia, los terratenientes reaccionaron en su contra y han ocurrido los asesinatos de tres dirigentes campesinos originados en la tenencia de la tierra. El primer asesinato ocurrió el 23 de mayo en la a comunidad de Bijao, departamento de Cortés, contra ISRAEL GARCIA, miembro de un grupo campesino afiliado a la ANACH, a quien le disparó según testigos del crimen- el guardaespaldas del Gerente de la empresa Diesel Express, Julio Paz, y su apoderado legal. Julio Paz reclama la tierra que los campesinos ocupan desde 1982. Otros dos campesinos, Quibino Navarro y Marcos López, resultaron heridos en esta ocasión.
El segundo campesino asesinado fue ANTONIO MOLINA NICOLÁS, miembro de la Empresa Asociativa Campesina “24 de Agosto”, afiliada a la CNTC, de la comunidad de El Rincón, jurisdicción de Siguatepeque, en el central departamento de Comayagua. Antonio Molina, según testimonios de sus compañeros de organización, fue asesinado por policías uniformados, que portando sus armas de reglamento se conducían en un carro particular acompañados de la supuesta dueña del terreno que ellos ocupan desde hace 24 años y que ella reclama como suyo hace apenas cuatro años.
El día miércoles 11 de Junio, a las 10:30 de la noche, asesinaron al tercer dirigente campesino: IRENE RAMIREZ, miembro de la EAC “14 de julio”, afiliada a la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) y del Movimiento Campesino del Aguan (MCA), en Tocoa, Colón, al norte de Honduras.
Hasta el día de hoy, ninguna las personas señaladas como culpables de los anteriores asesinatos guarda prisión pero cuando se trata de acusaciones contra los campesinos se actúa de inmediato en su detención y encarcelamiento.
En el departamento de Copán, occidente de Honduras, catorce (14) campesinos miembros de la Empresa Asociativa Campesina “Vecinos de El Trigo”, del municipio de La Unión, Copán, afiliada a la CNTC, guardaron prisión durante siete días en la Granja Penal de Santa Rosa de Copán. Ellos fueron liberados el 10 de junio a raíz de las presiones que ejercieron los miembros de la CNTC y del Sindicato de Trabajadores del INA (SITRAINA) frente a los tribunales.
En el mismo departamento de Copán, pero esta vez en el municipio de Santa Rosa de Copán, a la EAC “Yarusin No. 2” , también de la CNTC, le procesaron siete de sus miembros y se les mantuvo detenidos en la policía preventiva. En los dos casos citados anteriormente, el jefe regional del INA, ingeniero GERMAN RENE SILVA, se mostró a favor de las posiciones de los terratenientes.
Con todo lo mencionado en esta nota, es fácil deducir que en Honduras el sistema de justicia parece funcionar muy bien para cierta parte de la sociedad -una minoría privilegiada- pero las leyes y los funcionarios frecuentemente se prestan para favorecer a los poderosos y para reprimir a la mayoría de la población que se enfrenta a los terratenientes, militares, abogados, jueces y funcionarios con mucha desventaja.
Los campesinos de Honduras tampoco parecen ser beneficiarios de las recientes marchas por la paz que se han dado últimamente en las principales ciudades del país, sus lideres siguen siendo asesinados y las organizaciones que luchan reprimidas.
Junta Directiva Nacional FIAN Honduras
