Centenares de personas, entre ellos ambientalistas y vecinos de Omoa, salieron ayer las calles para exigir el cierre de la empresa Gas del Caribe. Los manifestantes, miembros de las mesas regionales de Gestión del Riesgo y de la cumbre “paralela”, partieron de la calle avenida Júnior en dirección a Expocentro, donde se desarrolló la Cumbre presidencial sobre Ambiente y Cambio Climático.
El objetivo era entregar a los dignatarios un pliego de peticiones, siendo la principal que que se reubique la terminal de LPG que la empresa mexicana Gas del Caribe mantiene en la bahía, dentro del casco urbano y sobre playas falsas a orillas del Mar Caribe, cruzadas por la falla geológica del Motagua. Los manifestantes lamentaron que en una cumbre donde se discutía el futuro ambiental del país y la región, los policías hayan impedido el paso a quienes abrigan este clamor.
Denunciaron que la transnacional sigue en operaciones pese a nunca haber tenido permisos o licencias, ni planos ni diseños de “sus colosales y peligrosas obras, sin nunca haber obtenido luz verde de parte de alguna institución”. Aseguran que la Serna y el Congreso Nacional, en su momento dictaminaron la necesidad de cerrar la planta en su actual ubicación. “Reubicarse costaría a la empresa 10 millones de dólares de los 75 que anualmente lucra evadiendo el pago de impuestos al erario”, afirma en una de sus partes el documento, que no pudo ser entregado a los Presidentes.
El objetivo era entregar a los dignatarios un pliego de peticiones, siendo la principal que que se reubique la terminal de LPG que la empresa mexicana Gas del Caribe mantiene en la bahía, dentro del casco urbano y sobre playas falsas a orillas del Mar Caribe, cruzadas por la falla geológica del Motagua. Los manifestantes lamentaron que en una cumbre donde se discutía el futuro ambiental del país y la región, los policías hayan impedido el paso a quienes abrigan este clamor.
Denunciaron que la transnacional sigue en operaciones pese a nunca haber tenido permisos o licencias, ni planos ni diseños de “sus colosales y peligrosas obras, sin nunca haber obtenido luz verde de parte de alguna institución”. Aseguran que la Serna y el Congreso Nacional, en su momento dictaminaron la necesidad de cerrar la planta en su actual ubicación. “Reubicarse costaría a la empresa 10 millones de dólares de los 75 que anualmente lucra evadiendo el pago de impuestos al erario”, afirma en una de sus partes el documento, que no pudo ser entregado a los Presidentes.
