Tegucigalpa.- (Prensa sin Censura PSC, domingo 25 de mayo, 2008).- La magistrada Tirza Flores y el fiscal Jari Dixon, ambos participantes de la huelga de hambre que por 38 días emprendieron en los bajos del Congreso Nacional junto a 50 personas en todo el país, enfrentan ahora la persecución de las autoridades superiores, en franca violación a sus derechos sociales.
Al concluir la asamblea popular realizada en los bajos del Congreso Nacional el sábado 24 de mayo, el fiscal Dixon reveló a PSC que su expediente ha sido revisado de nuevo, supuestamente a petición del fiscal General Leónidas Rosa Bautista, sobre quien pesan una serie de denuncias por irregularidades administrativas y de supuestos actos de corrupción en su carácter de Fiscal General de la República.
Dixon sostuvo que "sí, ya mi expediente de despido ya volvió a ser reactivado, abrieron el proceso a prueba y lo más seguro es que nos vayan a despedir, pero eso no implica que nosotros sigamos en este proceso de transparencia del sector justicia".
Añadió que esos son los riesgos que uno asume cuando se mete a este tipo de movimientos y esperamos seguir en la lucha, independientemente de lo que nos pueda pasar en el Ministerio Público.
Por su parte la abogada Tirza Flores, magistrada propietaria de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula denunció que fue citada a una audiencia de descargo por la Corte Suprema de Justicia con 24 horas de anticipación sin ponerla en conocimiento claro, de cuáles son los cargos que se le imputan y sin darle la posibilidad de los medios de defensa a que tiene derecho.
Flores señaló que "no nos estamos sustrayendo al proceso, lo que estamos haciendo es diciéndoles que nos sometemos al proceso pero nos tienen que dar las garantías de ejercer una exhaustiva defensa y de que se nos respeten todos nuestros derechos profesionales".
La magistrada recalcó que ella no se ha declarado en rebeldía en ningún momento, ya que presentó una nota expresando las razones de no comparecer al momento en que fue citada.
"Considero que es una represalia incluso por nuestra participación dentro de la Asociación de Jueces por la Democracia y por el ejercicio jurisdiccional independiente que hemos hecho siempre desde de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula", sostuvo la magistrada.
La Corte Suprema de Justicia considera que la magistrada Tirza Flores desobedeció una sentencia y por lo tanto debe sancionársele con despido, de acuerdo con la Ley sobre Justicia Constitucional.
Sin embargo la togada apuntó que ese señalamiento es "una agresión directa a la independencia judicial de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula".
Trascendió en medios de prensa escritos, que La Corte Suprema de Justicia (CSJ) estaría buscando una justificación para despedir a los y las magistradas de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula y para ello les inició una investigación porque, supuestamente, no ejecutaron una sentencia que emitió la Sala de lo Constitucional hace dos años.A los magistrados Armando Lozano Martínez, quien preside la Corte de Apelaciones; María Fátima Baide de Mena y Tirza Flores de López, la CSJ los citó para el jueves último, para que, en audiencia de descargo, respondieran el porqué no ejecutaron la sentencia que la Sala de lo Constitucional emitió a favor de Sumaya Handal, Fernando Enrique Almeida y Dionisio Gutiérrez Perdomo.Sin embargo, los magistrados aseguran en una carta entregada a los medios de comunicación, que a través de los jueces ejecutores se buscaba "obtener un sobreseimiento definitivo a favor de la señora Handal (Sumaya) en abierta lesión e injerencia a la independencia jurisdiccional de la Corte de Apelaciones".Los tres magistrados debieron de presentarse el miércoles ante el director de administración de personal de la CSJ, José Antonio Salazar, pero no acudieron argumentando que la citación la recibieron un día antes a las 4:20 de la tarde.En la carta que también enviaron a Salazar reiteran que la Corte de Apelaciones consideró que existían indicios suficientes para seguir el procedimiento contra la señora Sumaya Handal y Dionisio Gutiérrez, para esclarecer los hechos en un juicio oral y público.
Antecedentes del caso de corrupción
El 14 de diciembre del 2004, la Fiscalía presentó requerimiento contra Dionisio Gutiérrez Perdomo y Sara Sumaya Handal Hawit, por los delitos de violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública y defraudación fiscal, en su grado de participación de cómplices en perjuicio de la economía del Estado de Honduras.
En esa misma acusación, proceden contra Héctor Moisés Polanco Peña, José Tiburcio Polanco Peña y Merlin del Cid, por suponerlos responsables a título de autores de defraudación fiscal, en perjuicio de la economía del Estado.
A Sara Sumaya Handal Hawit se le señalaba en su condición de administradora de aduanas "La Mesa", por lo que debía de supervisar y controlar el procedimiento aduanero, permitiendo que Gutiérrez estuviera durante unos ocho meses asignado al canal de selectividad verde, despachando mercadería procedente de Panamá, sin la revisión física correspondiente, indica el requerimiento.
Refiere que se provocó la subvaluación de mercadería presentada por la agencia aduanera Polanco propiedad de los hermanos Polanco Peña, quienes actuaron en representación de una cadena de negocios que venden ropa.
El Juzgado de Letras, ordenó el sobreseimiento de los imputados el 14 de enero del 2005, por lo que la Fiscalía y la Procuraduría interpusieron los recursos de apelación, por no estar conforme.
En junio de ese mismo año, la Corte de Apelaciones de san Pedro Sula, revocó el sobreseimiento definitivo que se dictó a favor de los imputados, pero los defensores interpusieron un recurso de amparo ante la sala de lo Constitucional, el cual fue otorgado a favor de Handal y Gutiérrez.
Para los magistrados sampedranos, la sala de lo Constitucional, "transgredió lo establecido en el artículo 63 de la Ley sobre la Justicia Constitucional, al no determinar con precisión la conducta a cumplir, con las especificaciones necesarias para su debida ejecución".
Explican, que "ante la sentencia omisa y ambigua de la Sala de lo Constitucional; la Corte de Apelaciones con fecha 17 de septiembre del 2007 procedió a interpretar dicha sentencia y dictar una nueva".
Señalan que con sólo la declaración de un testigo que indicaba que el sistema de asignación de canales de selectividad era aleatorio, "no era suficiente para sobreseer definitivamente, pues existían indicios que podían llevar a suponer que dicho sistema no estaba funcionando bien y que quien debía reportarlo era Gutiérrez", además que había una circular, donde se obligaba a la revisión física de la mercadería procedente de Panamá.
Por Marvin Palacios
Al concluir la asamblea popular realizada en los bajos del Congreso Nacional el sábado 24 de mayo, el fiscal Dixon reveló a PSC que su expediente ha sido revisado de nuevo, supuestamente a petición del fiscal General Leónidas Rosa Bautista, sobre quien pesan una serie de denuncias por irregularidades administrativas y de supuestos actos de corrupción en su carácter de Fiscal General de la República.
Dixon sostuvo que "sí, ya mi expediente de despido ya volvió a ser reactivado, abrieron el proceso a prueba y lo más seguro es que nos vayan a despedir, pero eso no implica que nosotros sigamos en este proceso de transparencia del sector justicia".
Añadió que esos son los riesgos que uno asume cuando se mete a este tipo de movimientos y esperamos seguir en la lucha, independientemente de lo que nos pueda pasar en el Ministerio Público.
Por su parte la abogada Tirza Flores, magistrada propietaria de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula denunció que fue citada a una audiencia de descargo por la Corte Suprema de Justicia con 24 horas de anticipación sin ponerla en conocimiento claro, de cuáles son los cargos que se le imputan y sin darle la posibilidad de los medios de defensa a que tiene derecho.
Flores señaló que "no nos estamos sustrayendo al proceso, lo que estamos haciendo es diciéndoles que nos sometemos al proceso pero nos tienen que dar las garantías de ejercer una exhaustiva defensa y de que se nos respeten todos nuestros derechos profesionales".
La magistrada recalcó que ella no se ha declarado en rebeldía en ningún momento, ya que presentó una nota expresando las razones de no comparecer al momento en que fue citada.
"Considero que es una represalia incluso por nuestra participación dentro de la Asociación de Jueces por la Democracia y por el ejercicio jurisdiccional independiente que hemos hecho siempre desde de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula", sostuvo la magistrada.
La Corte Suprema de Justicia considera que la magistrada Tirza Flores desobedeció una sentencia y por lo tanto debe sancionársele con despido, de acuerdo con la Ley sobre Justicia Constitucional.
Sin embargo la togada apuntó que ese señalamiento es "una agresión directa a la independencia judicial de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula".
Trascendió en medios de prensa escritos, que La Corte Suprema de Justicia (CSJ) estaría buscando una justificación para despedir a los y las magistradas de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula y para ello les inició una investigación porque, supuestamente, no ejecutaron una sentencia que emitió la Sala de lo Constitucional hace dos años.A los magistrados Armando Lozano Martínez, quien preside la Corte de Apelaciones; María Fátima Baide de Mena y Tirza Flores de López, la CSJ los citó para el jueves último, para que, en audiencia de descargo, respondieran el porqué no ejecutaron la sentencia que la Sala de lo Constitucional emitió a favor de Sumaya Handal, Fernando Enrique Almeida y Dionisio Gutiérrez Perdomo.Sin embargo, los magistrados aseguran en una carta entregada a los medios de comunicación, que a través de los jueces ejecutores se buscaba "obtener un sobreseimiento definitivo a favor de la señora Handal (Sumaya) en abierta lesión e injerencia a la independencia jurisdiccional de la Corte de Apelaciones".Los tres magistrados debieron de presentarse el miércoles ante el director de administración de personal de la CSJ, José Antonio Salazar, pero no acudieron argumentando que la citación la recibieron un día antes a las 4:20 de la tarde.En la carta que también enviaron a Salazar reiteran que la Corte de Apelaciones consideró que existían indicios suficientes para seguir el procedimiento contra la señora Sumaya Handal y Dionisio Gutiérrez, para esclarecer los hechos en un juicio oral y público.
Antecedentes del caso de corrupción
El 14 de diciembre del 2004, la Fiscalía presentó requerimiento contra Dionisio Gutiérrez Perdomo y Sara Sumaya Handal Hawit, por los delitos de violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública y defraudación fiscal, en su grado de participación de cómplices en perjuicio de la economía del Estado de Honduras.
En esa misma acusación, proceden contra Héctor Moisés Polanco Peña, José Tiburcio Polanco Peña y Merlin del Cid, por suponerlos responsables a título de autores de defraudación fiscal, en perjuicio de la economía del Estado.
A Sara Sumaya Handal Hawit se le señalaba en su condición de administradora de aduanas "La Mesa", por lo que debía de supervisar y controlar el procedimiento aduanero, permitiendo que Gutiérrez estuviera durante unos ocho meses asignado al canal de selectividad verde, despachando mercadería procedente de Panamá, sin la revisión física correspondiente, indica el requerimiento.
Refiere que se provocó la subvaluación de mercadería presentada por la agencia aduanera Polanco propiedad de los hermanos Polanco Peña, quienes actuaron en representación de una cadena de negocios que venden ropa.
El Juzgado de Letras, ordenó el sobreseimiento de los imputados el 14 de enero del 2005, por lo que la Fiscalía y la Procuraduría interpusieron los recursos de apelación, por no estar conforme.
En junio de ese mismo año, la Corte de Apelaciones de san Pedro Sula, revocó el sobreseimiento definitivo que se dictó a favor de los imputados, pero los defensores interpusieron un recurso de amparo ante la sala de lo Constitucional, el cual fue otorgado a favor de Handal y Gutiérrez.
Para los magistrados sampedranos, la sala de lo Constitucional, "transgredió lo establecido en el artículo 63 de la Ley sobre la Justicia Constitucional, al no determinar con precisión la conducta a cumplir, con las especificaciones necesarias para su debida ejecución".
Explican, que "ante la sentencia omisa y ambigua de la Sala de lo Constitucional; la Corte de Apelaciones con fecha 17 de septiembre del 2007 procedió a interpretar dicha sentencia y dictar una nueva".
Señalan que con sólo la declaración de un testigo que indicaba que el sistema de asignación de canales de selectividad era aleatorio, "no era suficiente para sobreseer definitivamente, pues existían indicios que podían llevar a suponer que dicho sistema no estaba funcionando bien y que quien debía reportarlo era Gutiérrez", además que había una circular, donde se obligaba a la revisión física de la mercadería procedente de Panamá.
Por Marvin Palacios
