El pasado lunes 13 de octubre, miembros de la Fuerza Naval acantonados en elarchipiélago de Cayos Cochinos, procedieron en inmediaciones del Cayo Bulaños,a efectuar una revisión a los garífunas Joel García y Minor López,procediendo con inusitada agresividad, además de amenazarlos de muertedecomisaron el cayuco en el cual se transportaban los dos pescadores garífunas.Los Militares arrojaron a los pescadores al mar y partieron con el cayuco rumboa la Base localizada en Cayo Mayor. Un testigo presencial de los hecho, elpescador Oscar Orlando López, el cual se encontraba cerca del lugar de loshechos, al observar lo acontecido a sus compañeros procedió a rescatarlosLa actuación de los militares fue denunciada ante el Ministerio Público en LaCeiba, la que fue remitida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) donde se ventila un caso sobre los derechos de las comunidades garífunasdel archipiélago al uso de su hábitat funcional (caso 12-114), además de unapetición en cuanto la violación de los derechos humanos del buzo JesúsFlores Satuye (petición No P-1063-07), pescador atacado por los militaresencragados de patrullar el archipiélagoCabe recordar como el pasado 24 de septiembre fue asesinado el pescadorgarífuna de Triunfo de la Cruz Guillermo Norales, a manos de efectivos de laFuerza Naval acantonados en la ciudad de La Ceiba, que patrullaban en aguasvecinas al Refugio de Vida Silvestre de Cuero y Salado.Es preocupante la actitud asumida por los elementos de la Fuerza Naval, los queparecen desconocer los principios básicos de los Derechos Humanos, en especialel derecho a la vida. Al mismo tiempo las fundaciones privadas encargadas de lasupuesta protección del lugar, son cómplices en los delitos cometidos por losmilitares. A pesar de las denuncias internacionales interpuestas,parece ser que el Estadoe Honduras, las Fuerzas Armadas y las fundaciones "ambientalistas" einversionistas disfrazados de ecologistas, no cejan en utilizar la fuerza comoun vehículo para lograr que la población garífuna de los cayos emigre. Es deesperar como la aplicación del nuevo "plan de manejo" - el que no fueconsultado de forma apropiada - se recrudezcan los abusos de los derechoshumanos, y se intensifique el cambio de sistema de producción de la zona,finiquitando la pesca y promoviendo el "eco"turismo.Los pescadores de la comunidad de Chachauate han señalado como durante larealización de los realities shows - los que están efectuando periódicamenteen el Cayo Paloma - recrudecen la actitud agresiva los militares y guardaparques de la Fundación Cayos Cochinos. Durante la última década ha sidovedado el arribo de los pescadores garífunas al Cayo Paloma, so pretexto de laprotección de las tortugas que suelen desovar en ese paraje; mientras a losconsorcios televisivos europeos y sudamericanos se les confiere laautorización a que vengan a jugar a la sobrevivencia, al mismo tiempo que seimponen restricciones alimentarias a la población garífuna local.El archipiélago de Cayos Cochinos fue convertido en área protegida en el 1993durante la administración de Rafael Callejas, a instancias del magnate de losasbestos Stephan Schmidheiny. Este adquirió un islote y algunos cayos delarchipiélago, concediendo el manejo del área protegida al InstitutoSmithsoniano. A la población local se le trató de expulsar, imitando el modelode restricciones al derecho a la alimentación aplicado en el refugio de Cuero ySalado, de donde emigró la población garífuna ante las hostilidad de losmilitares y empleados del Refugio.El percance acontecido a Joel García y Minor López no es el primer deabandono de pescadores en alta mar, ya para el año de 1996 le aconteció algosimilar a Silvino Córdova y a su acompañante, a los que se les confiscó elcayuco en que se transportaban, obligándolos a nadar durante horas hasta serrescatados. El año pasado en el mes de noviembre fue herido con una arma defuego el pescador Mauricio Santos Córdoba, cuando ya había sido arrestado porun elemento de la Naval, el que sin mediar palabra le disparó.Para la OFRANEH es sumamente preocupante la ausencia de aplicación de justiciareferente al pueblo garífuna. Las violaciones a los derechos humanos en losCayos Cochinos aparentemente pasan desapercibidas para los operadores dejusticia; al mismo tiempo que homicidios y atentados cometidos por mestizos enla Comunidad de Nueva Armenia - vecina a los Cayos Cochinos - no soninvestigados y las ordenes de captura emitidas por la fiscalía nunca sonejecutadas. Esta situación nos hace pensar en cierto grado de inoperancia en laaplicación de justicia en el país, aunado a un profundo racismo que sedemuestra con el desprecio a la vida de pescadores los caules ciertamente noestán alterando los ecosistemas; mientras la flota pesquera industrial de lasIslas de la B ahía persiste en un ecocidio sistemático que hasta la fechanadie ha cuestionado en Honduras.
Selvin López Comite Ejecutivo.